Estados Unidos respalda controles de República Dominicana contra negocios chinos que operan fuera de la ley

SANTO DOMINGO. – El Gobierno de Estados Unidos expresó su respaldo a las medidas adoptadas por las autoridades dominicanas para fiscalizar y clausurar establecimientos comerciales e industriales que presuntamente operan al margen de las leyes nacionales, luego del cierre de una fábrica de cartón de capital chino en San Antonio de Guerra.

El pronunciamiento fue realizado por Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado estadounidense para Asuntos del Hemisferio Occidental, quien felicitó a República Dominicana por intervenir las instalaciones de la empresa Cartesa, donde fueron detectadas irregularidades relacionadas con permisos de operación, almacenamiento de combustibles y contratación de trabajadores extranjeros.

La Embajada estadounidense en Santo Domingo también difundió el mensaje a través de sus canales oficiales, otorgándole mayor relevancia diplomática a un operativo que inicialmente correspondía a las labores de supervisión y cumplimiento de las normativas dominicanas.

Segura sostuvo que las inversiones extranjeras deben desarrollarse bajo condiciones de transparencia, competencia justa y respeto al Estado de derecho, independientemente del país de origen de sus propietarios.

Las irregularidades detectadas en la fábrica Cartesa

La empresa intervenida se encontraba ubicada en San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo, y contaba con un complejo industrial compuesto por tres grandes naves y un edificio de cuatro niveles destinado a oficinas y residencias.

Durante el operativo realizado a finales de octubre, las autoridades comprobaron que el establecimiento carecía del certificado de uso de suelo y de las autorizaciones comerciales necesarias para desarrollar sus actividades.

Uno de los principales hallazgos fue la existencia de un depósito clandestino de combustible que funcionaba sin cumplir las disposiciones establecidas en la legislación dominicana.

En las instalaciones fue ocupado un tanque con capacidad para almacenar 5,000 litros, además de 1,000 galones de gasoil. El valor conjunto de lo retenido fue estimado en aproximadamente RD$2.25 millones.

La intervención estuvo encabezada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), mediante el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), con la participación de otras instituciones del Estado.

Por su parte, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones dispuso la paralización de las obras debido a violaciones de las disposiciones legales sobre construcción, mientras que la Dirección General de Migración verificó la situación de los trabajadores extranjeros que se encontraban en el establecimiento.

Estados Unidos destaca la importancia de la competencia justa

La reacción de Washington se produce en un momento en que las autoridades dominicanas han intensificado las inspecciones a empresas y establecimientos comerciales de capital extranjero.

El subsecretario Juan Pablo Segura consideró que las compañías que operan en el país deben cumplir las mismas obligaciones que los negocios nacionales, especialmente en materia laboral, comercial, fiscal y de seguridad.

La posición estadounidense también responde a las preocupaciones expresadas por empresarios dominicanos, quienes han denunciado que determinados establecimientos extranjeros podrían estar obteniendo ventajas económicas al incumplir obligaciones que sí representan costos para los negocios formalmente constituidos.

Entre las prácticas señaladas figuran posibles irregularidades tributarias y aduaneras, incumplimientos laborales y contratación de personal extranjero fuera de los parámetros establecidos por las leyes dominicanas.

Desde la perspectiva de los sectores empresariales que han presentado estas reclamaciones, la falta de supervisión efectiva puede generar condiciones de competencia desigual y afectar a los comerciantes que cumplen con sus responsabilidades legales.

Inspecciones a más de 100 establecimientos comerciales

El respaldo de Estados Unidos coincide con una serie de operativos realizados por el Ministerio de Trabajo durante octubre, cuando fueron inspeccionadas 101 tiendas y plazas comerciales de capital chino en el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís e Higüey.

Como resultado de esas jornadas, los inspectores levantaron 1,016 actas, de las cuales 42 correspondieron a infracciones remitidas a los tribunales.

Además, las autoridades ordenaron paralizar las actividades en 24 establecimientos debido a condiciones que representaban riesgos para los trabajadores.

Entre las irregularidades identificadas figuraron:

• Incumplimiento del descanso semanal de los empleados.

• Falta de pago de horas extraordinarias.

• Irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones laborales.

• Contratación de trabajadores extranjeros fuera de las disposiciones legales.

• Condiciones de seguridad inadecuadas en algunos establecimientos.

A estas actuaciones se sumaron intervenciones del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), que dispuso cierres temporales de comercios por incumplimientos de normas sanitarias y de protección al consumidor.

Las autoridades han señalado que estas fiscalizaciones buscan garantizar que todos los establecimientos comerciales cumplan las disposiciones vigentes, independientemente de la nacionalidad de sus propietarios.

China responde a las declaraciones estadounidenses

El pronunciamiento de Washington provocó una reacción de la Embajada de China en República Dominicana, que cuestionó las declaraciones del funcionario estadounidense y consideró que se estaba utilizando un caso particular para generar tensiones en las relaciones entre ambos países.

La representación diplomática china manifestó que su Gobierno exige a sus ciudadanos y empresas cumplir las leyes de los países donde desarrollan sus actividades y aseguró que respeta las actuaciones de las autoridades dominicanas.

Sin embargo, advirtió que no debe utilizarse el comportamiento de una empresa específica para generalizar acusaciones contra toda la comunidad empresarial china establecida en el territorio dominicano.

La Embajada también destacó que numerosas compañías de capital chino operan legalmente en el país, generan empleos y contribuyen a la actividad económica nacional.

En su comunicado, recordó que República Dominicana es un Estado soberano y que la aplicación de sus leyes constituye un asunto interno que corresponde a sus propias instituciones.

Asimismo, pidió a Washington evitar declaraciones que, a su juicio, puedan perjudicar la cooperación económica y comercial entre China y República Dominicana.

Un debate sobre inversión extranjera y cumplimiento de las leyes

El cierre de Cartesa ha colocado nuevamente en discusión la supervisión de las inversiones extranjeras y la capacidad de las instituciones dominicanas para garantizar que las empresas operen dentro del marco legal.

República Dominicana mantiene relaciones comerciales y diplomáticas con ambas potencias, por lo que el episodio también adquiere importancia en el contexto de la competencia económica entre Estados Unidos y China por su influencia en América Latina y el Caribe.

Más allá de las diferencias diplomáticas, el caso plantea la necesidad de que los mecanismos de fiscalización funcionen de manera efectiva y que las normas comerciales, laborales, tributarias y de seguridad sean aplicadas sin distinción.

El Gobierno dominicano ha reiterado que mantiene abiertas sus puertas a la inversión extranjera, siempre que las compañías cumplan con las regulaciones nacionales.

La controversia deja sobre la mesa un asunto fundamental: garantizar condiciones de competencia equitativas para todos los negocios y proteger tanto a los trabajadores como a los consumidores, sin convertir las irregularidades de una empresa en acusaciones generalizadas contra una nacionalidad.